por Francisca Flores ( integrante comunidad de la crianza compartida )
El argumento de que la pensión de alimentos es un derecho absoluto del progenitor custodio, exento de toda rendición de cuentas, se ha convertido en una verdad incuestionable en la retórica popular, sostenida más por la costumbre que por la lógica.
Se nos dice que exigir transparencia en su uso es un ataque a la autonomía del alimentario, una afrenta a su dignidad, una distracción de lo que verdaderamente importa: el bienestar del hijo. Sin embargo, bajo este velo de emotividad y corrección política se esconde una contradicción flagrante. Si el dinero está destinado a garantizar la calidad de vida del menor, ¿por qué su destino no puede ser examinado? ¿Por qué un principio elemental de administración de recursos, aplicado a toda transacción en la sociedad civilizada, queda suspendido en este caso específico? Aquí se revela la trampa de la falacia emocional.
Se nos quiere hacer creer que la sola existencia de la obligación de pagar justifica la ausencia de control , como si la moralidad del asunto se agotara en la transferencia misma y no en el uso de los fondos. Pero si la justicia fuera solo cuestión de imposición, sin atención a los resultados, entonces cualquier expolio se convertiría en un acto legítimo con tal de que estuviera codificado en la norma. Nada más peligroso que una ley desprovista de razón, pues se convierte en un instrumento de poder antes que en una herramienta de equidad.
Los defensores de la opacidad argumentan que la cuantía de la pensión es, en la mayoría de los casos, insuficiente para cubrir todas las necesidades del niño , y que, por tanto, exigir rendición de cuentas es irrelevante. Pero este razonamiento confunde dos cuestiones separadas: la suficiencia del monto y la transparencia en su administración . Que el dinero no alcance no elimina el deber de emplearlo para quien está destinado. Si se acepta que la precariedad exime de la fiscalización, entonces toda persona que alegue escasez podría justificar el uso arbitrario de cualquier recurso bajo su tutela . El problema se agrava cuando comprendemos que la falta de rendición de cuentas no es un accidente del sistema, sino un diseño deliberado . Se ha establecido que el progenitor obligado a pagar debe confiar ciegamente en que su contribución es utilizada con responsabilidad, mientras que al progenitor custodio se le concede un margen de discrecionalidad que en ningún otro ámbito de la vida se toleraría.
¿Cómo es posible que en sociedades que regulan hasta el más mínimo detalle de la vida económica , que imponen auditorías a cada institución , que persiguen con saña el uso indebido de fondos públicos , se acepte sin reparo que una suma de dinero asignada a un niño pueda ser manejada sin ninguna exigencia de justificación? .
Se ha normalizado el abuso bajo el pretexto de la necesidad, una dinámica que en cualquier otro contexto sería condenada como malversación o apropiación indebida . Si un administrador de una empresa alegara que los fondos son escasos y , por lo tanto , puede gastarlos sin control , su defensa sería desestimada de inmediato por irracional e injustificada . Si un funcionario público utilizara el presupuesto asignado para fines distintos a los estipulados en su función, su falta sería grave y evidente. Pero en el caso de la pensión de alimentos , la responsabilidad se disuelve en una narrativa sentimental que reduce cualquier cuestionamiento a un acto de mezquindad o insensibilidad .
El origen de esta distorsión radica en la politización de la paternidad y la maternidad , en la construcción de una dicotomía que enfrenta a los progenitores en lugar de reconocerlos como partes de una misma responsabilidad compartida . Se ha creado una relación en la que uno es tratado como un mero proveedor financiero y el otro como el administrador indiscutible de los recursos. No se concibe una simetría de derechos y deberes, sino una estructura asimétrica en la que uno paga y el otro decide, sin obligación de justificar nada ante nadie.
Este modelo no solo es injusto en lo inmediato, sino que perpetúa un ciclo de resentimiento y desconfianza entre padres separados, erosionando la noción misma de coparentalidad . La ley, en su afán de garantizar el sustento del niño , ha caído en el error de transformar la manutención en un tributo, sin entender que la justicia no se basa en imponer cargas, sino en distribuirlas equitativamente.
No es extraño, entonces, que la resistencia a pagar pensiones de alimentos se haya convertido en un fenómeno global, porque toda obligación percibida como injusta genera, tarde o temprano, la voluntad de subvertirla . Si el sistema no cambia, si no se introducen mecanismos de fiscalización y equilibrio, la pensión de alimentos seguirá siendo vista por muchos como un castigo en lugar de una responsabilidad compartida. Y cuando la ley se percibe como un instrumento de castigo en lugar de justicia, lo que sigue es el colapso de la confianza en el sistema mismo.
La pregunta no es si la manutención de los hijos es necesaria—eso es innegable—sino si el sistema que la regula ha sido diseñado con una visión justa y racional o si, por el contrario, perpetúa una estructura de privilegios encubiertos bajo un discurso de moralidad incuestionable .
La única razón para oponerse a la transparencia es el temor a que esta revele un mal uso del dinero . Si realmente todo se emplea para el beneficio del niño ¿por qué negarse a demostrarlo? Quien administra con justicia no teme la auditoría; solo quien desvía fondos busca la opacidad . La verdadera pregunta, entonces, no es si el monto de la pensión es suficiente o insuficiente, sino si la resistencia a rendir cuentas esconde un sistema construido sobre el abuso y la impunidad.
El silencio que rodea esta injusticia no es casual, sino funcional a un sistema que ha logrado, mediante una narrativa sentimentalista, disfrazar la desigualdad de virtud y la falta de transparencia de derecho incuestionable. Los verdaderos culpables de esta distorsión no son solo quienes se benefician directamente del abuso, sino también todos aquellos que, con su inacción y su cobardía intelectual, han permitido que esta estructura de impunidad se arraigue en la sociedad.
La doctrina predominante ha convencido a las masas de que cualquier cuestionamiento a la administración de la pensión de alimentos es un ataque al bienestar del niño , cuando en realidad es un cuestionamiento a la falta de controles y a la ausencia de responsabilidad en el uso de los recursos. Y mientras este engaño persiste, millones de personas obligadas a pagar se ven sometidas a un modelo en el que el dinero fluye en una sola dirección, sin que nadie exija explicaciones sobre su destino. Se les dice que su papel es simplemente cumplir, que su rol se reduce a ser fuente de financiamiento, y que cualquier intento de exigir equidad es un acto de mezquindad o , peor aún , una afrenta a la moral social. Pero la mayor ironía es que aquellos que más proclaman su lucha contra las injusticias estructurales, que exigen rendición de cuentas en todos los ámbitos del poder, que denuncian sistemas de opresión y explotación, guardan un silencio cómplice cuando se trata de este tema . Los mismos que hablan del «patriarcado opresor» como un mal absoluto son incapaces de reconocer que el actual sistema de pensiones de alimentos opera bajo una lógica similar de opresión, en la que una parte impone su voluntad sin rendir cuentas y la otra debe aceptar su rol sumiso de proveedor financiero sin derechos.
Se nos ha enseñado a rechazar con indignación cualquier estructura que otorgue poder sin responsabilidad, y sin embargo, este sistema, que hace exactamente eso, es defendido con fervor ciego. ¿Por qué? Porque es un abuso legitimado. Porque se ha incrustado en el tejido social como una norma que no se debe discutir. Porque es más fácil callar y aceptar que enfrentarse a la indignación fabricada de quienes , cómodos en su posición de ventaja , se benefician del statu quo. Porque el discurso dominante ha logrado lo que todo sistema injusto busca: normalizar la explotación y silenciar a sus víctimas haciéndoles creer que no lo son.
Exigir rendición de cuentas no es pedir un privilegio, es exigir justicia . No es un intento de eludir la responsabilidad, sino de garantizar que se ejerza con equidad. No es una estrategia para evadir obligaciones, sino una demanda de transparencia en el cumplimiento de un deber.
Quienes han sido reducidos a meros pagadores sin voz ni derechos no buscan escapar de su deber, sino liberarse de una estructura que los trata como ciudadanos de segunda categoría, como autómatas cuya única función es entregar dinero sin cuestionamientos. No es una cuestión de género, de política ni de ideología. Es una cuestión de justicia elemental. Un sistema que obliga a pagar sin garantías ni transparencia es, por definición, un sistema abusivo. Y mientras el silencio de los cómplices siga protegiendo esta injusticia, millones de personas seguirán siendo víctimas de un modelo diseñado no para proteger a los niños, sino para perpetuar una relación de poder desigual en la que uno decide y el otro obedece.
Si de verdad se busca el bienestar de los niños , entonces que se haga con reglas claras , con justicia para ambas partes , con equidad y con transparencia. No con dogmas intocables ni con discursos sentimentales que solo sirven para justificar lo injustificable.
Porque la única razón para oponerse a la rendición de cuentas es el miedo a lo que pueda revelarse. Y todo aquel que teme la verdad, es porque vive de la mentira.
Fundacion Crianza Compartida Chile ©️