Manifiesto contra la mercantilización de los vínculos parentales : El Precio de una Obligación .

por Francisca Flores ( integrante de la comunidad de la crianza compartida)

La mente humana ha sido entrenada para aceptar sin cuestionamiento las estructuras impuestas, especialmente cuando se presentan como principios inquebrantables. Uno de estos dogmas es la obligación económica sobre la cual se sustenta la pensión de alimentos .

Se nos dice que es un derecho del niño y que su pago es incuestionable, absoluto, una deuda que debe ser saldada sin importar las circunstancias. Pero si el pensamiento crítico aún tiene cabida en este mundo, entonces es necesario cuestionar el fundamento de este sistema, no para negarle al niño lo que le corresponde, sino para exponer la estructura punitiva que se esconde tras la nobleza de su propósito.

El problema no radica en la existencia de una obligación de proveer , sino en la forma en que esta se convierte en un tributo inapelable , en una carga impuesta bajo la amenaza del castigo sin admitir contextos ni excepciones . La ley no distingue entre quien no paga porque no quiere y quien no puede hacerlo. No importa si el obligado atraviesa un periodo de desempleo, si su salario es insuficiente para cubrir la cuota impuesta o si, paradójicamente, el propio Estado ha contribuido a su precarización. La deuda se mantiene, crece , se persigue con un celo que raramente se observa en otros ámbitos.

No se trata de una contribución a la crianza; es una sanción económica disfrazada de justicia . Pero esta asimetría del sistema no se detiene ahí .

La pensión de alimentos parte de una premisa peligrosa: que el dinero es el único medio válido de aporte. Un progenitor no custodio puede dedicar tiempo., cuidado , educación, presencia y afecto , pero todo eso es invisible a los ojos del cálculo legal. No existe una fórmula para reconocer el valor del tiempo dedicado, ni un mecanismo para ajustar la obligación económica en función de la participación real en la vida del menor. Lo único que cuenta es la transferencia bancaria. Se le exige pagar, pero se le niega la posibilidad de que su esfuerzo sea medido en algo que no sea dinero.

Más grave aún es el hecho de que la administración de estos fondos queda completamente fuera de cualquier control o auditoría. Se asume que el progenitor custodio los empleará correctamente, pero la realidad es que no existe una rendición de cuentas que garantice que el dinero efectivamente cubre las necesidades del menor. Y si el progenitor que paga se atreve a cuestionarlo, si exige transparencia, el sistema lo ignora. No tiene derecho a preguntar en qué se usa el fruto de su trabajo, solo tiene el deber de seguir pagando.

Este modelo ha sido aceptado sin resistencia porque su cuestionamiento ha sido sofocado por el estigma. Cualquiera que intente plantear una revisión del sistema es señalado como irresponsable, como alguien que quiere evadir su deber. Pero la verdadera evasión no está en el que no paga, sino en el que se niega a pensar.

El deber de la razón es examinar lo que se ha dado por sentado, y en este caso, la pregunta es evidente: ¿es justicia un sistema que castiga sin distinguir? ¿Es equitativo un modelo que mide el aporte únicamente en dinero y que ignora el esfuerzo en otras formas? Quien se niega a cuestionar la estructura de la pensión de alimentos no está defendiendo el derecho del niño, sino protegiendo un mecanismo de sometimiento financiero.

La conciencia tiene el deber de resistirse a la idea de que la vida puede reducirse a una transacción obligatoria. La justicia solo existe donde hay equilibrio, y donde no hay justicia, solo queda la imposición.

La violencia financiera de la que nadie habla es aquella que se ejerce con la legitimidad del sistema, aquella que destruye vidas sin que nadie se atreva a cuestionarla. La pensión de alimentos, en su aplicación actual, ha dejado de ser una herramienta de protección infantil para convertirse en un mecanismo de control, una deuda ineludible que no contempla la realidad de quienes deben enfrentarla. Su efecto no es solo económico: destruye la estabilidad emocional del progenitor no custodio, lo arrastra a la precarización, lo expone al estigma social, y en muchos casos, lo obliga a elegir entre su propia subsistencia y la de su hijo. Nadie habla del costo humano de esta violencia. Nadie menciona las familias destruidas por una deuda impagable, los padres y madres que ven su dignidad aplastada por un sistema que los trata como criminales por no poder cumplir con un monto arbitrario. Nadie cuestiona por qué una persona que quiere pagar y no puede debe ser castigada con el mismo rigor que aquel que se niega a hacerlo por capricho. Porque admitirlo significaría reconocer que la justicia no es el principio rector de este sistema, sino la conveniencia de quienes lo sostienen .

El problema no es la pensión de alimentos en sí, sino su uso como un instrumento de sumisión económica. Un sistema que no permite ajustes reales, que ignora el valor del tiempo y la crianza, que impone el castigo sin examinar las causas, no es un sistema de justicia, sino un engranaje de opresión.

Se nos ha enseñado que cuestionarlo es inmoral, que hablar de esto es desafiar un principio sagrado. Pero la moralidad no puede estar del lado de la injusticia, y la conciencia colectiva tiene el deber de ver lo que hasta ahora ha elegido ignorar: que esta forma de violencia existe, que destruye vidas y que, hasta que no sea reconocida como lo que realmente es, seguirá consumiendo en silencio a quienes no tienen derecho ni siquiera a defenderse.

Las principales culpables de esta injusticia son aquellas personas que la defienden con el silencio, aquellas que eligen la comodidad de la manipulación legal sobre la ética de la verdadera equidad. Se envuelven en un falso feminismo, ese que solo es útil cuando les otorga poder, pero que desaparece cuando la justicia exige simetría. Estas personas son las primeras en gritar por la igualdad cuando les conviene, pero las primeras en esconderse cuando la igualdad significa perder sus privilegios. Porque el verdadero temor no es que el progenitor no custodio deje de pagar, sino que la balanza se invierta, que sean ellas quienes deban entregar dinero, quienes deban rendir cuentas, quienes deban demostrar con hechos y no con victimismo que la crianza es más que un extracto bancario.

Si la pensión de alimentos fuera realmente un mecanismo de protección infantil, estas mismas personas exigirían transparencia, rendición de cuentas y ajustes justos. Pero no lo hacen. No lo hacen porque perderían la herramienta que les permite someter, porque el sistema les ha dado un beneficio que no están dispuestas a soltar, porque asumir la carga en igualdad de condiciones revelaría lo que han evitado reconocer: que la equidad que predican solo es válida cuando no implica sacrificios personales.

Ninguna persona que entienda el verdadero feminismo, ninguna que realmente busque justicia, podría jamás apoyar un sistema que oprime y destruye a otra persona, sin importar su género. Porque la violencia es violencia, sin importar a quién se dirija. Y quienes defienden este abuso no son activistas de la justicia, son cómplices de la opresión, beneficiarias de un atropello legal que han disfrazado de derecho, y que en su cobardía, en su egoísmo, en su conveniencia, han convertido en su mayor arma.

La verdadera justicia no se mide en función de quién se beneficia, sino de si el principio que la sustenta resiste el escrutinio de la razón. Un sistema que impone cargas sin distinguir contextos, que castiga sin permitir defensa, que favorece a unos a costa de la ruina de otros, no es justicia, sino opresión disfrazada de moralidad. Y la peor de todas las opresiones es aquella que se ejerce con la complicidad del silencio, con la justificación de la costumbre, con la aceptación ciega de que las cosas son como deben ser porque así han sido siempre. Pensar es un acto de resistencia. Es rechazar la comodidad de las verdades impuestas y atreverse a mirar aquello que la mayoría prefiere ignorar. Porque es fácil repetir consignas, es fácil alinearse con la opinión dominante, es fácil defender una estructura cuando se es su beneficiario. Lo difícil es desafiar el orden establecido cuando la razón exige una revisión profunda de sus fundamentos.

Quien tenga el valor de cuestionar este sistema descubrirá que la justicia no puede depender del género, del rol asignado, ni de la voluntad de quienes han encontrado en él un refugio para su propia comodidad. La equidad no puede ser selectiva. La responsabilidad no puede ser unilateral. Y cualquier estructura que perpetúe la violencia, sin importar cuan aceptada esté , merece ser derribada. Porque la conciencia humana no se hizo para ser esclava de las imposiciones, sino para guiarse por la verdad, y la verdad es que ningún ser humano debería ser obligado a pagar con su ruina la tranquilidad de otro.