Por Isabel Warnier ( abogada y docente )
“Para subsanar esta crisis se requiere una reforma estructural que garantice la imparcialidad y la calidad técnica de la prueba pericial. Es fundamental fortalecer los organismos auxiliares de la administración de justicia, asegurando evaluaciones psicosociales oportunas y rigurosas que permitan discernir rápidamente entre riesgos reales y denuncias instrumentales. Asimismo, el sistema debe ser implacable en la sanción de la mala fe procesal y la falta de ética profesional”.
En el último tiempo se ha observado un incremento alarmante en consultas sobre un patrón recurrente en el derecho de familia: la interrupción unilateral del contacto entre padres e hijos tras la separación de sus progenitores. Sin un régimen comunicacional regulado, o incluso con él, uno de los progenitores impide la vinculación, a menudo instrumentalizando denuncias como mecanismo de bloqueo, configurando lo que en la práctica opera como un secuestro en complicidad con el Estado.
La respuesta judicial frente a estas denuncias suele ser cautelar y paralizante. Los tribunales, antes de resolver, derivan los antecedentes al Consejo Técnico, pero luego reciben frecuentemente informes que constatan una “situación difusa” o de “riesgo indeterminado”. Ante la duda, y bajo una interpretación defensiva del interés superior de los niños, niñas y adolescentes (NNA), se opta por no innovar ni recomendar regímenes provisorios hasta contar con “mejores y mayores antecedentes”, lo que en la práctica congela el vínculo filial por tiempos alarmantes. Resulta en extremo complejo, en instancias iniciales y en la situación actual, que el juez pueda discernir cuándo la denuncia es fundada o cuándo no lo es.
La sobrecarga del sistema judicial dilata las audiencias por meses, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de celeridad que debe regir en materia de familia, sobre todo con temas tan sensibles como aquellos en que un hijo se encuentra desvinculado de alguno de sus progenitores. Durante este tiempo muerto se consolida la alienación parental y se vulnera flagrantemente el derecho de los NNA a mantener una relación con ambos padres, tal como lo consagra la Convención sobre los Derechos del Niño y nuestra legislación civil.
No estamos ante casos aislados, sino frente a una patología del sistema. Las principales víctimas de esta burocracia y rigidez son precisamente aquellos a quienes el Estado debe proteger: los hijos instrumentalizados, quienes quedan atrapados en el conflicto de lealtades y la privación afectiva por tiempos que hacen en extremo compleja la revinculación.
El problema es sistémico y transversal. No solo involucra la cautela excesiva, sino también la existencia de malas prácticas profesionales. Es imperativo señalar la responsabilidad ética de ciertos actores —abogados, psicólogos y curadores ad litem— quienes, lejos de velar por el bienestar del NNA, instrumentalizan el proceso judicial para obtener ventajas procesales o económicas, perpetuando conflictos artificiales que erosionan la integridad del sistema de justicia familiar.
Para subsanar esta crisis se requiere una reforma estructural que garantice la imparcialidad y la calidad técnica de la prueba pericial. Es fundamental fortalecer los organismos auxiliares de la administración de justicia, asegurando evaluaciones psicosociales oportunas y rigurosas que permitan discernir rápidamente entre riesgos reales y denuncias instrumentales. Asimismo, el sistema debe ser implacable en la sanción de la mala fe procesal y la falta de ética profesional. Cada vez más palmaria es la constatación de que, con impunidad en la obstrucción de vínculos parentales, no solo se corrompe el sistema judicial, sino que se causa un daño emocional irreversible para nuestras futuras generaciones.
Recae sobre abogados, peritos, curadores y consejeros técnicos un deber de diligencia reforzado. Su actuación ética y profesional resulta determinante para garantizar la efectiva protección del interés superior del niño, evitando dilaciones que perpetúen la vulneración de derechos.
Finalmente, resulta crítica la situación de los Programas de Reparación de Maltrato (PRM). Existe una preocupación legítima respecto de la prolongación injustificada de las intervenciones, lo que sugiere la existencia de incentivos perversos en el modelo de subvenciones que, en ocasiones, prioriza la permanencia de los NNA en el sistema por sobre su egreso oportuno y la necesaria revinculación familiar.
La experiencia confirma la urgencia de impulsar una nueva arquitectura del sistema de justicia familiar. Si el artículo 1° de nuestra Constitución Política establece que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”, es imperativo que todos los operadores del sistema abandonemos la ceguera institucional y asumamos la responsabilidad efectiva frente a la realidad que enfrentan hoy los NNA de nuestro país.
Isabel Warnier Reed es abogada, socia del estudio Warnier Abogados, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo y profesora invitada del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa del mismo plantel.
Columna de opinión publicada el 26 de Diciembre en el diario El Mercurio.
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