El asesinato de Eidan, un niño de 3 años por parte de su padrastro y denuncias por negligencia parental de la madre ha generado conmoción pública y un intenso debate sobre la protección de la infancia en Chile. Eidan murió tras ser trasladado a un centro asistencial de Santiago con lesiones graves.
Lo que inicialmente se investigó como una posible muerte natural cambió de rumbo cuando las pericias médicas detectaron señales compatibles con maltrato infantil. La investigación policial concluyó preliminarmente que la causa de muerte fue un traumatismo abdominal severo, lo que llevó a la detención del padrastro como principal sospechoso.
De acuerdo con los antecedentes que maneja la investigación, el niño vivía con su madre y la pareja de ella en la comuna de Huechuraba. El día de los hechos, la madre habría salido del domicilio para realizar compras junto a otra hija, dejando a Eidan bajo el cuidado del padrastro. Durante ese período se habría producido la agresión fatal. El niño fue trasladado posteriormente a un centro de salud, donde ingresó sin signos vitales. A partir de ese momento intervino la brigada especializada de homicidios de la policía y se inició una investigación por maltrato infantil con resultado de muerte.
Las pericias posteriores habrían detectado no solo la lesión que provocó la muerte de Eidan, sino también otras marcas compatibles con episodios previos de violencia.
Este elemento es relevante porque sugiere que el hecho investigado podría no haber sido un episodio aislado. Detectives y peritos del Servicio Médico Legal y de la policía trabajan para establecer si existió una dinámica de maltrato reiterado en el entorno doméstico del niño.
El caso tomó una dimensión pública mayor cuando comenzaron a aparecer testimonios de familiares. Catherine Soto, tía paterna de Eidan, afirmó que la madre del niño conocía agresiones anteriores y que estas habrían sido justificadas o minimizadas. Según su versión, cuando el niño presentaba golpes o moretones se atribuían a caídas o situaciones cotidianas. Estas afirmaciones forman parte de las líneas de investigación que deberá aclarar el proceso judicial y han sido mencionadas en el debate público como posibles antecedentes de negligencia parental.
La familia materna, por su parte, ha entregado una versión distinta de los hechos. En declaraciones a medios y redes sociales han señalado que la madre no tenía conocimiento de agresiones graves contra el niño y que confiaba en su pareja para el cuidado cotidiano de los hijos. También han defendido su conducta señalando que se trataba de un hogar donde no existían antecedentes formales de maltrato denunciados previamente ante autoridades. Estas versiones contrapuestas forman parte del contexto que la investigación deberá reconstruir.
Otro elemento que ha generado debate es la situación del padre biológico de Eidan. De acuerdo con declaraciones de familiares paternos, el padre mantenía una orden de alejamiento solicitada por la madre en el contexto de conflictos previos entre ambos. Puntualmente, según explica la tía paterna , esta orden de alejamiento se habría generado un día que el padre fue a buscar a su hijo y le recriminó a la madre los golpes en su cuerpo, por lo que llamó a Carabineros de Chile. Al presentarse en el lugar la madre denunció al padre de agresión y este fue detenido.
“mi hermano (padre biológico del niño) tenía orden de alejamiento, hace seis meses ella lo interpuso, porque ellos discutían y peleaban. Él un día llamó a Carabineros y le dijo que ella estaba tiroteando al niño, pero cuando llegaron, ella dijo que estaban peleando entre ellos y se lo llevaron detenido”, indicó la tía paterna en el matinal de Chilevisión .
Esa medida judicial habría restringido su contacto con el niño durante los meses anteriores a la muerte. Si bien este tipo de medidas busca prevenir situaciones de violencia en contextos de pareja, el caso ha abierto interrogantes sobre sus efectos cuando implican la exclusión de uno de los progenitores de la vida cotidiana del hijo sobretodo cuando el sistema de protección a las víctimas se usa de forma instrumental para obtener una ganancia secundaria , en este caso , sacar al padre de la vida del hijo.
Desde la perspectiva de la Fundación Crianza Compartida Chile, este caso refleja una tensión presente en el sistema de familia chileno entre la perspectiva de género y la perspectiva de infancia. La fundación ha señalado que el foco principal debería estar en quién protege efectivamente al niño sobretodo en situaciones de conflictos parentales posteriores a la separación. Cuando una denuncia termina expulsando automáticamente a uno de los padres sin una revisión rigurosa del contexto familiar, el sistema puede terminar aislando al niño de una parte de su red de protección.
En conflictos familiares de alta intensidad también se ha planteado la existencia de denuncias instrumentales utilizadas para desplazar a uno de los padres de la vida de sus hijos. Según este enfoque, cuando se produce una desvinculación parental completa se reduce la supervisión que ambos progenitores pueden ejercer sobre el bienestar del niño. En el caso de Eidan, la exclusión del padre -según lo planteado por la familia paterna- habría reducido la posibilidad de detectar o denunciar situaciones de riesgo dentro del hogar.
El debate también ha alcanzado al tratamiento mediático del caso.
Algunos analistas han cuestionado que ciertos programas informativos han abordado la orden de alejamiento únicamente desde su legitimidad jurídica, sin analizar sus posibles efectos en la relación entre padres e hijos. En ese contexto se ha mencionado el tratamiento del tema realizado por la periodista Andrea Aristegui, señalando que el análisis se centró en la validez normativa de la medida sin profundizar en cómo la desvinculación parental puede afectar la red de protección de un niño.
Más allá de las responsabilidades penales que determine la investigación, el caso de Eidan también vuelve a poner en discusión el rol del entorno comunitario. Vecinos, familiares y personas cercanas suelen ser quienes primero observan señales de alerta en casos de maltrato infantil. En Chile existen canales formales para denunciar sospechas de violencia contra niños, entre ellos Carabineros, las Oficina Local de la Niñez (OLN) , el Fono Familia de Carabineros (149) o la Fundación Crianza Compartida Chile que entregan orientación y reciben denuncias.
En este punto, organizaciones de infancia han insistido en la importancia de fortalecer una cultura de crianza compartida comunitaria, donde la protección de los niños no dependa exclusivamente del núcleo familiar. Este enfoque plantea que la comunidad -vecinos, escuelas, familiares y servicios públicos- debe asumir un rol activo en la detección temprana del maltrato y en la denuncia oportuna cuando un niño está en riesgo.
La investigación sobre la muerte de Eidan continúa en curso y deberá determinar responsabilidades penales y eventuales negligencias. Sin embargo, el caso ya ha abierto una discusión más amplia sobre cómo funcionan las redes de protección infantil, cómo se aplican las medidas judiciales en conflictos familiares y qué ocurre cuando la relación entre adultos termina afectando la seguridad de un niño. En ese debate, la pregunta central sigue siendo la misma: cómo evitar que situaciones de violencia contra niños pasen inadvertidas y cómo el sistema confunde el conflicto entre los padres con la situación de vulneración grave a la que podria estar expuesto un niño que en este caso se encontraba bajo el cuidado personal de la madre.
Fundación Crianza Compartida Chile ®️