La Contraloría General de la República emitió el dictamen N° D199, de fecha 13 de abril de 2026, en el que aclara las facultades de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN) para acceder a información sensible, como fichas clínicas de niños, niñas y adolescentes (NNA), en el marco de procesos de protección administrativa de derechos.
El pronunciamiento responde a una consulta de la Municipalidad de Algarrobo sobre la posibilidad de que las OLN accedan a fichas clínicas en poder de los Centros de Salud Familiar (CESFAM), sin requerir orden judicial ni consentimiento previo de la familia.
La Contraloría concluye que sí es procedente, siempre que se cumplan condiciones estrictas:
● El acceso debe ser indispensable para otorgar una adecuada protección a los derechos del niño, niña o adolescente.
● Solo procede en el contexto del Diagnóstico Biopsicosocial que realizan las OLN durante procedimientos de intermediación, atención social o protección administrativa.
● La información debe utilizarse exclusivamente para fines de protección y ser manejada con absoluta reserva y confidencialidad por los funcionarios correspondientes.
El dictamen se fundamenta en la Ley N° 21.430, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Esta ley establece que las OLN forman parte de una red intersectorial que incluye a los servicios de salud municipales. Por ello, cuando la información médica resulta esencial para evaluar la situación del NNA y definir la mejor medida de protección, su requerimiento cuenta con respaldo legal.
La Contraloría enfatiza que este acceso debe ponderarse siempre bajo el principio del interés superior del niño, niña o adolescente (artículo 3° de la Ley 21.430) y recuerda el deber de reserva establecido en los artículos 33 y 64 de la misma ley. Cualquier infracción a la confidencialidad genera responsabilidad administrativa.
Además, recomienda que los convenios entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y las municipalidades regulen detalladamente este procedimiento, limitando el acceso solo a los funcionarios que realizan el diagnóstico específico.
Un avance para una protección más efectiva
Desde la Fundación Crianza Compartida Chile valoramos este dictamen, ya que fortalece el trabajo en red entre instituciones públicas y permite una respuesta más oportuna y completa ante posibles vulneraciones de derechos.
Reconocemos la importancia de que las instituciones de protección puedan acceder a toda la información necesaria -incluyendo antecedentes de salud- cuando ello resulte indispensable para garantizar el bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Este acceso, siempre realizado con la máxima reserva y confidencialidad, contribuye a una protección más efectiva y prioriza el interés superior de cada NNA.
Para más información sobre el dictamen completo, puede consultarse en el sitio web de la Contraloría General de la República.
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