Hoy 4 de mayo de 2026, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado de Chile inició el estudio del proyecto de ley Boletín N° 15138-18, que busca modificar la Ley N° 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. La iniciativa propone avanzar en la regulación del abandono parental más allá del incumplimiento económico, incorporando consecuencias jurídicas frente a la ausencia sostenida en la relación directa y regular entre progenitores e hijos.
El propósito declarado por parte de las agrupaciones que promueven este proyecto de ley es «proteger» el bienestar de niños, niñas y adolescentes frente a la «desvinculación afectiva voluntaria» de uno de sus padres, principalmente de hombres-padres.
Entre las medidas contempladas se incluyen la suspensión temporal y también definitiva e irrevocable del régimen de relación directa y regular, la pérdida de la patria potestad y la eventual declaración de indignidad para suceder respecto del progenitor que incurre en abandono.
Durante la sesión, la representante de una organización social y especialistas coincidieron en que el marco legal vigente resulta insuficiente para abordar este fenómeno, especialmente en aquellos casos donde la ausencia parental impacta decisiones cotidianas relevantes para la vida de los niños y niñas
En esa línea, Patricia Marambio, representante de la organización feminista radical y separatista , Resistencia Materna, sostuvo que el abandono parental debe entenderse como un incumplimiento sostenido de los deberes de cuidado, protección y vínculo, y advirtió sobre sus efectos en la salud mental de niños y adolescentes. Según expuso, la falta de herramientas eficaces en el sistema actual obliga a los cuidadores a mantener vínculos formales con progenitores que no ejercen su rol, lo que genera obstáculos en la toma de decisiones y una carga burocrática innecesaria. Desde esa perspectiva, la organización respaldó la incorporación de sanciones como la suspensión del régimen comunicacional de manera definitiva e irrevocable y la pérdida de la patria potestad en casos de incumplimiento prolongado (sin especificar el criterio y las condiciones fácticas bajo las cuales ese incumplimiento se va a considerar como «voluntario» y «prolongado») e incluyendo dentro de las condiciones para la suspensión definitiva de la RDR la condena por violencia intrafamiliar y de abuso hacia el niño o niña así también podrá suspender la RDR en caso de que la condena sea por ejercer violencia hacia cualquier figura significativa del niño o niña ( lo que se conoce como violencia vicaria de género la cual posiciona como eventual vicaria solo a la mujer en su rol de cuidadora y no al hombre que ejerce el rol parental ) .
La abogada particular Natalia Reyes reforzó este diagnóstico, señalando que el proyecto responde a problemáticas concretas observadas en tribunales de familia, donde el vínculo jurídico no siempre refleja el ejercicio efectivo de la parentalidad. A su juicio, uno de los aportes de la iniciativa es introducir criterios objetivos para evaluar el abandono, como el incumplimiento reiterado del régimen de relación directa y regular, así como eventuales antecedentes de violencia intrafamiliar , entregando ejemplos particulares que no constituyen un criterio generalizable en todos casos.
No obstante, a medida que avanzó la discusión, surgió una tensión relevante en torno al alcance del proyecto. Diversas intervenciones pusieron de relieve la necesidad de distinguir entre el abandono parental y la obstrucción del vínculo, entendida esta última como la situación en que un progenitor con voluntad de relacionarse con su hijo se ve impedido de hacerlo por acciones del otro.
Este punto fue especialmente enfatizado por Vanessa Kaiser, quien advirtió sobre la ausencia de datos oficiales que permitan dimensionar la magnitud de la obstrucción del régimen comunicacional. La senadora señaló que legislar sin esta información podría derivar en normas desequilibradas, que no reflejen la complejidad de las dinámicas familiares y que incluso puedan generar efectos adversos.
En su intervención, también planteó la importancia de resguardar la presunción de buena fe, indicando que no todo incumplimiento responde a una conducta maliciosa, sino que puede estar vinculado a limitaciones económicas o situaciones de fuerza mayor.
La preocupación por la falta de evidencia empírica fue compartida por la presidenta de la comisión, Daniela Cicardini, quien propuso solicitar antecedentes al Poder Judicial y a organismos del Ejecutivo con el fin de contar con una base de datos que permita avanzar con mayor fundamento en la tramitación del proyecto.
En paralelo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, valoró la iniciativa y subrayó que el Estado debe promover el cumplimiento de las responsabilidades parentales sin trasladar toda la carga al cuidador principal. Durante su exposición, el Ejecutivo distinguió entre el incumplimiento del régimen por parte de quien debe ejercerlo y los casos de entorpecimiento por parte del progenitor que tiene el cuidado personal, reconociendo así la existencia de situaciones diversas que requieren tratamiento diferenciado. Asimismo, se planteó la necesidad de revisar aspectos técnicos del proyecto, particularmente en lo relativo a la pérdida de la patria potestad y su articulación con otras instituciones del derecho civil.
Más allá del debate jurídico, los antecedentes disponibles introducen un elemento adicional de complejidad.
Datos obtenidos por la Fundación Crianza Compartida Chile, a través de solicitudes de acceso a la información pública, muestran un aumento sostenido en las constancias por incumplimiento del régimen de relación directa y regular, que pasaron de 142.921 en 2019 a 586.530 en 2024. Estas cifras, que pueden estar refleja do la contracara del abandono parental como lo es la obstrucción parental , dan cuenta de un fenómeno de gran magnitud, cuya mayoría de casos no necesariamente se traduce en acciones judiciales.
Al contrastar estos datos con las estadísticas del Poder Judicial, que registran más de 870 mil causas en tribunales de familia durante 2025, se configura un escenario en el que el incumplimiento del vínculo aparece como una problemática masiva, pero insuficientemente caracterizada desde el punto de vista institucional. En ese contexto, la falta de desagregación de la información dificulta determinar cuántos casos responden efectivamente a abandono y cuántos podrían corresponder a obstrucción del vínculo , siendo este último ítem el menos estudiado y que menos interés político suscita de los dos.
En la discusión también se abordó el uso del régimen comunicacional en contextos de conflicto, incluyendo situaciones en que puede transformarse en un mecanismo de control o presión, lo que refuerza la necesidad de que los tribunales cuenten con herramientas para distinguir adecuadamente cada caso, resguardando siempre el interés superior del niño.
Junto con estos elementos, el debate ha estado cruzado por cuestionamientos al rol de algunos actores sociales que impulsan la iniciativa. En particular, organizaciones como Resistencia Materna han sido objeto de críticas por prácticas de exposición pública de personas, funas a profesionales y hostigamiento hacia actores políticos. Estas acciones han generado dudas respecto de la capacidad de promover un enfoque equilibrado en una materia que exige especial cuidado, tanto en la protección de la infancia como en el resguardo de los derechos de ambos progenitores.
El avance del proyecto, en este contexto, abre una discusión de fondo sobre el alcance de la intervención legislativa. Si bien existe consenso en la necesidad de abordar el abandono parental y sus efectos en los niños y niñas, también se ha instalado la preocupación por evitar una regulación que omita otras formas de afectación del vínculo, como la obstrucción, o que se base en información incompleta.
La tramitación de la iniciativa continuará en las próximas sesiones, con el desafío de incorporar evidencia más precisa y de equilibrar las distintas dimensiones del problema. El debate legislativo, por ahora, deja en evidencia que la parentalidad en el sistema de familia chileno no puede ser abordada desde una sola perspectiva, sino que requiere una mirada integral que considere tanto la ausencia como las barreras al ejercicio efectivo del vínculo.
Buen análisis